De acuerdo a la ley cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en las empresas productivas del Estado, debe cumplir con esta obligación de declarar su situación patrimonial y de intereses.
¿Quiénes deben presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses?
Según el último párrafo del artículo 108 de la Constitución y conforme a lo establecido en la fracción XXV del artículo 3º, así como en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Esto se debe hacer bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías correspondientes o el Órgano Interno de Control.
Plazos para presentar la declaración
El artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los plazos específicos para la presentación de estas declaraciones:
1. Declaración inicial: Dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión, ya sea por:
- Ingreso al servicio público por primera vez.
- Reingreso al servicio público después de 60 días naturales de haber dejado el último cargo.
2. Declaración de modificación patrimonial: Durante el mes de mayo de cada año.
3. Declaración de conclusión del encargo: Dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del encargo.
En caso de cambiar de dependencia o entidad dentro del mismo orden de gobierno, solo se debe notificar dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.
Sistema DeclaraNet
De acuerdo con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante un acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2019, todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal que ya estén obligados a presentar sus declaraciones deben hacerlo a través del sistema DeclaraNet.
Declaraciones para nuevos obligados
Para aquellos servidores públicos a quienes no se les exigía presentar sus declaraciones patrimoniales antes del 19 de julio de 2017, deberán presentar sus declaraciones de modificación en mayo de 2020.
Declaración de intereses
Según el artículo 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial también están obligados a presentar una declaración de intereses.
¿Qué es un conflicto de interés?
El artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”
Consecuencias de no presentar la declaración
El artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas estipula que si un servidor público no presenta su declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicial, de modificación, o de conclusión) dentro de los plazos correspondientes y sin causa justificada, se iniciará una investigación por presunta responsabilidad por faltas administrativas. Además, se le requerirá por escrito el cumplimiento de esta obligación.
Si el servidor público continúa omitiendo la presentación de la declaración por 30 días naturales después de haber sido notificado, y esto aplica tanto para la declaración inicial como para la de modificación, se podrá dejar sin efecto su nombramiento o contrato.
Esto se notificará al titular del ente público correspondiente, quien procederá a separar al servidor público de su cargo.
En el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración de conclusión, el servidor público será inhabilitado de tres meses a un año.
Es fundamental que todos los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses para mantener la transparencia y evitar conflictos de interés que puedan afectar el desempeño imparcial de sus funciones.
El cumplimiento de estas disposiciones legales es esencial para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y promover una gestión honesta y responsable.
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